domingo, 18 de septiembre de 2016

Reúnen firmas en España para acabar con ‘prebendas’ de políticos

Reúnen firmas en España para acabar con ‘prebendas’ de políticos

La Cámara Baja española admite a trámite una iniciativa legislativa popular (ILP) para eliminar las ‘indemnizaciones’ a altos responsables al abandonar sus cargos.

“En el actual contexto de crisis (…) directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones (…) mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados”, denuncia la exposición de motivos de la ILP,presentada en abril y aceptada hoy lunes, tras las vacaciones de verano (boreal).

Tras ser informados la Junta Electoral Central y el Senado españoles por la Mesa del Congreso, los promotores de la iniciativa deberán reunir 500.000 firmas en un plazo de 9 meses, tras lo cual el Pleno del Legislativo votaría su aprobación o no.

En el actual contexto de crisis (…) directivos y políticos con funciones en las diferentes administraciones (…) mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados”, plantea en España una iniciativa legislativa popular admitida por la Mesa del Congreso de los Diputados.

El objetivo de la ILP, titulada “Proposición de Ley para la eliminación de privilegios de índole retributiva de la clase política cesada”, es eliminar las cuantiosas gratificaciones que reciben los presidentes del Gobierno, ministros, diputados y senadores españoles, entre otros altos cargos estatales, luego de abandonar el servicio público.

El presidente del Gobierno español obtiene tras el ejercicio, en virtud de un acuerdo de 1983 entre socialistas y conservadores exfranquistas, una pensión vitalicia compatible con el cobro de un sueldo privado. La pensión incluye unos 80.000 euros anuales, más gastos de oficina y coche oficial, de los que los expresidentes (3 personas, hoy por hoy) no deben rendir cuenta alguna.

A los ministros, por su parte, se les asigna un estipendio mensual equivalente al 80 % de su salario durante dos años, en su caso incompatible con sueldos privados —la misma limitación a la pensión que reciben exdiputados y exsenadores, a condición de que hayan ocupado el escaño durante al menos dos años—. Estos últimos reciben 2.813,87 euros mensuales durante 24 meses.

La misma iniciativa había sido presentada ya en 2012, a pocos meses de llegar al Gobierno el Partido Popular, en plena “crisis” económica, con la explosión del desempleo y la pobreza, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy impulsaba el grueso de sus recortes a servicios sociales y a la vez inyectaba ingentes cantidades de dinero en las cajas de ahorro para evitar su quiebra.

A los pocos meses de haber sido elegida la mayoría del PP y sin elecciones en el futuro inmediato, la Mesa (formada entonces por 6 miembros del PP, 3 socialistas y 1 nacionalista catalán conservador) prefirió en 2012 no tocar esos privilegios y rechazó la ILP, pese a que en aquellos meses estaban aflorando los grandes escándalos de corrupción de la clase dirigente española que han marcado los últimos años.

Meses más tarde, en 2013, la mayoría legislativa del PP se vio obligada a admitir a trámite la primera ILP en 35 años del actual régimen político español (presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca liderada por la hoy alcaldesa de Barcelona, Ada Colau), si bien la ley finalmente aprobada presentaba notables diferencias con la propuesta ciudadana.

hispantv

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