sábado, 6 de mayo de 2017

Jueza argentina pide la anulación del fallo de la Corte Suprema

Jueza argentina pide la anulación del fallo de la Corte Suprema

Una fiscal argentina cree que el fallo de la CS de rebajar condenas a los reos por crímenes cometidos en la dictadura es inconstitucional y pide su nulidad.

Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas, solicitó el viernes a la Justicia argentina que declare inconstitucional e inaplicable el reciente fallo de la Corte Suprema (CS) que contempla reducir las penas de cárcel a cientos de acusados por crímenes de lesa humanidad en la dictadura (1976-1983).

Al no haber antecedentes de esta índole, se desconoce qué vía legal seguirá el pedido de la fiscal ante un juzgado. Cabe recordar que el alto tribunal es el órgano que vela por la constitucionalidad o no de una medida.

La fiscal se convierte en la primera funcionaria del país austral en desafiar el dictamen de tres de los cinco jueces del máximo tribunal y todo porque solicita la derogación de excarcelación que realizó el represor Víctor Gallo, condenado por robo de bebés durante la última dictadura militar.

Dos años después de la detención de Gallo en 2010, este fue condenado a 25 años de presión acusado por la apropiación de Francisco Madariaga. En la misma causa por el plan sistemático de robo de bebés también fue condenado el exdictador Jorge Rafael Videla.

La decisión de la Corte levantó una ola de indignación y rechazo en los organismos defensores de derechos humanos, incluidos la asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo —colectivo que acusa al Gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, de estar “detrás del fallo”—, partidos de la oposición y centrales obreras.

Solo cuenta con el respaldo del partido oficialista PRO (derecha) y el silencio por el momento de Macri.

Actualmente, en Argentina, hay más de 1000 condenados por delitos de lesa humanidad y otro millar bajo proceso, y si prospera esta ley, conocida como 2×1, unos 750 podrían beneficiarse de la misma.

El miércoles pasado, tres jueces de la Corte Suprema dispusieron que Luis Muiña, un agente paramilitar condenado por torturas y secuestros, se beneficie del referido “2x1”, por el cual se computan dos años por cada uno que pasó el reo en prisión preventiva.

La norma estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 y hoy en día está derogada, pero los magistrados aplicaron el principio de “ley más benigna”, una consideración que ha sido rechazada por el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti.

hispantv

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