jueves, 13 de julio de 2017

Macri contra justicia laboral: ¿Garantías empresariales o ataque a los derechos del trabajador?

Macri contra justicia laboral: ¿Garantías empresariales o ataque a los derechos del trabajador?

El mandatario argentino se queja de que una "industria de juicios laborales" aleja a las compañías y los principales medios locales repiten su discurso.

Mientras en Argentina cae el consumo de alimentos, el Gobierno de Mauricio Macri sostiene que la crisis, el desempleo y la falta de inversiones en el país se deben a la "mafia de los juicios laborales", donde los trabajadores judicializan sus demandas puntuales, mayoritariamente por despidos o accidentes. Varios medios masivos de comunicación y muchas empresas defienden esta acusación, pero los abogados laboralistas y la clase trabajadora se oponen. ¿Cuáles son sus versiones?

El mensaje es muy claro: Macri busca brindar menos conflictividad laboral a los empresarios, reducir sus contribuciones no salariales —Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), cobertura médica, cuota sindical y aportes patronales— y lograr así las tan ansiadas y aún ausentes inversiones. Su argumento es que, abaratando la mano de obra, se obtendrían nuevos puestos de trabajo.

Los empresarios

"Las pequeñas y medianas empresas (pymes) —con entre 10 y 200 empleados— no tienen espalda para aguantar juicios laborales, que a veces son millonarios, sin razón alguna", asegura a RT Fabián Tarrío, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, opina que hay "grupos de abogados dedicados a fabricar litigios" y agrega: "Tienen informantes en las puertas de los hospitales para denunciar accidentes laborales y así sacar más dinero". Localmente, se conoce a estos actores como 'caranchos'.

A su vez, Tarrío sostiene que estas prácticas los "hieren de muerte", porque no tienen grandes reservas para afrontarlas, a diferencia de las compañías más grandes. El discurso oficial y empresario plantea que la Justicia tiende a fallar en favor del empleado demandante y es uno de los justificativos usados para modificar la legislación vigente. "En verdad, los cambios en la ley no deberían cercenar los derechos del trabajador a reclamar", añade el vocero patronal. También suma que "los despidos sin causa justa deberían indemnizarse, pero cuando hay argumentos la Justicia tendría que resolver objetivamente, incluso en favor del empleador".

Por otro lado, el titular de la entidad explica que, a la hora de contratar personal, las variables consideradas por el sector son, "fundamentalmente, el costo extra salarial, el temor a un juicio injusto y las normas que en general desaniman la inversión". Si bien es cierto que en los últimos seis años las causas judiciales por accidentes en horario laboral aumentaron un 121 %, informa Chequeado, el Centro de Estudios Atenea estima que solo uno de cada cinco casos llega a juicio.

Los trabajadores

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, considera que esta "es la expresión de un Gobierno que representa a las patronales empresarias" y añade: "Tienen como única meta bajar el costo laboral y saben que, para eso, deben destruir los derechos que se han conquistado tras décadas de lucha" debido a que "la Justicia laboral es uno de los pilares principales".

Mientras se encuentra frente a los tribunales de Buenos Aires por la Noche de las Corbatas —homenaje por la desaparición forzosa de abogados laboralistas bajo la dictadura militar argentina en 1977—, el precandidato a diputado nacional agrega que "los movimientos sindicales respaldan a los jueces laborales".

Por lo pronto, la agrupación gremial junto a diversos sindicatos denunciarán a Macri el jueves 13 de julio ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por los "ataques" que reciben.

Un obrero trabaja en la fábrica de ladrillos Cerámica Fanelli de La Plata, Argentina. / Enrique Marcarian / Reuters

Un obrero trabaja en la fábrica de ladrillos Cerámica Fanelli de La Plata, Argentina. / Enrique Marcarian / Reuters

Los abogados

"Este ataque se presenta como una injuria completamente falsa", asevera el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), Matías Cremonte, quien sostiene que "quieren golpear a todo el sistema de defensa de los trabajadores". En la misma línea, el titular de la agrupación opina: "El Gobierno intenta cercenar la acción colectiva e individual". Además, argumenta que "Macri y su gabinete son representantes de empresas", "por eso actúan así y no como jefes de Estado".

A su vez, ironiza: "El sueño de los empresarios es un mundo sin abogados laboralistas, sin justicia laboral ni sindicatos". También reflexiona que "no van a poder llevarlo a cabo, pero las declaraciones del mandatario se enmarcan en esa concepción de clase": "Intentan justificar ante la opinión pública lo que pronto veremos como nuevas reformas laborales".

Los medios

La mayoría de las empresas mediáticas no dudó de qué lado ponerse a la hora de tratar el conflicto de intereses, y tiene un rol primordial. Al respecto, el especialista en comunicación y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Martín Becerra, sintetiza: "Creo que hay una insistencia manifiesta y una coincidencia explícita entre la conducción del Gobierno y la línea editorial de los medios masivos con mayores audiencias y lectores —'Clarín' y 'La Nación'— en relación a la presunta carga para el desarrollo que configuraría el 'costo laboral'".

Además, describe: "No hay día en que 'La Nación', por ejemplo, no incluya una nota sobre esta cuestión, siempre desde la misma perspectiva que conduce a reclamar el recorte de derechos y beneficios laborales de los trabajadores". Sin embargo, para Becerra "no hay una bajada de línea oficial, como ocurría durante el kirchnerismo con los medios inflados artificialmente con la publicidad estatal", pero explica que se trata de una "coincidencia doctrinaria".

Sobre ello, detalla: "El presunto 'costo laboral' es una histórica queja de la clase empresarial y financiera en todos los países del mundo y forma parte del 'sentido común', tanto de los propietarios de 'Clarín' y 'La Nación' como del Gobierno argentino".

El Gobierno

Hasta la fecha en que se publicó este artículo, el jefe del Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, no contestó las preguntas de RT. Por su parte, la vocera de la vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que la dirigente "tiene la agenda muy ocupada para responder".

RT

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