domingo, 19 de noviembre de 2017

Reforma laboral en Argentina: el movimiento obrero, entre el acuerdo y la resistencia

Moviliación de la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) en Buenos Aires. Martin Acosta / Reuters

Esta semana la cúpula de la Confederación General del Trabajo acordó con el Gobierno de Mauricio Macri una ley de reforma laboral. Distintos sindicatos respondieron que no permitirán que se apruebe.

Desde que asumió como presidente argentino en diciembre de 2015, Mauricio Macri señaló una y otra vez la necesidad de "bajar el costo laboral" y "mejorar la competitividad" de la economía de su país. Con ese objetivo, varias veces se mencionó la posibilidad de implementar una reforma laboral que, finalmente, llegará al Congreso para empezar a ser discutida antes de fin de año.

Semanas atrás se había filtrado un primer borrador del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que generó un fuerte rechazo en todos los sindicatos, incluida la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT). Sin embargo este jueves, en el predio de la Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, el triunvirato que dirige la central sindical acordó con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, un nuevo proyecto que contempla varias propuestas de la iniciativa original.

El ministro de Trabajo argentino Jorge Triaca. / Enrique Marcarian / Reuters

Así lo ratificó el titular de la cartera laboral al diario La Nación, al asegurar que el texto de la ley "mantuvo su espíritu" más allá de algunas concesiones. Triaca añadió que hablaron "con todos los representantes" y si bien entienden "que hay algunos que no puedan concordar", resaltó que "asesores de sindicatos y del sector empresario revisaron el proyecto" y "ese consenso vale mucho más que quizás algunos cuestionamientos".

"No es la reforma de Brasil"


El hecho de que los dirigentes de la CGT acordaran con el Gobierno nacional, la reforma generó una serie de interrogantes y preguntas. ¿Cómo es que ahora cambiaron de opinión cuando hace unos días la rechazaban? ¿En qué sentido una reforma que recorta derechos puede ser beneficiosa para los trabajadores?

"La integridad del derecho laboral está a salvo", respondió Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que dirige la central sindical. Citado por el diario Página/12, explicó que "no es la reforma de Brasil", en alusión a la legislación laboral aprobada por el Gobierno de Michel Temer.

Respecto a las críticas, el dirigente sindical que lidera el gremio de Sanidad, respondió: "Hay ignorancia sobre los límites de la negociación por parte de compañeros que tienen una posición más terminante". Puntualmente, hizo hincapié en que "se incorporaron al cómputo de las indemnizaciones las horas extras y las comisiones", lo cual en realidad es un derecho ya vigente, pero que iba a ser retirado en el proyecto original.

Los que resisten


En la vereda opuesta se ubican varios dirigentes sindicales, algunos de mucha importancia. El caso más resonante ha sido el del secretario general de gremio de Camioneros, Pablo Mayano. "Se equivocó el Ministerio de Trabajo (al anunciar un acuerdo), vamos a exigir de acá hasta que se trate en el Senado que se eliminen todos los artículos perjudiciales para el trabajador y el día que se trate nos vamos a movilizar", declaró citado por el diario Perfil.

En el mismo sentido los titulares de otras dos centrales sindicales menores, la CTA-T y la CTA-A, también se opusieron a la reforma. Hugo Yasky, de la CTA-T, consideró en un comunicado que "esto significa una traición de aquellos que hablan en el día de la lealtad de los trabajadores y de la patria", pero después "en las sombras de los despachos oficiales firman contra los genuinos intereses de sus representados".

Por su parte, Pablo Micheli, de la CTA-A, añadió citado por Infogremiales, que "esta reforma implica la flexibilización laboral y la destrucción del piso de derechos laborales que conseguimos durante 100 años".

Manifestantes durante una marcha de la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) en Buenos Aires. / Martin Acosta / Reuters

El periodista Sebastián Penelli, del diario Ámbito Financiero, amplió la mirada y sostuvo que otros actores se sumarán a esta "resistencia multisectorial". Entre ellos enumera al secretario del sindicato de Curtidores y diputado nacional electo, Walter Correa, así como el titular de la Federación Gráfica, Héctor Amichetti. Desde la política se incorporan el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y varios intendentes de la provincia de Buenos Aires como Gustavo Menéndez (Merlo), Santiago Maggiotti (Navarro), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Aníbal Rucci (Ituzaingó), Julio Zamora (Tigre) y Verónica Magario (La Matanza).

También organizaciones que nuclean a trabajadores cooperativistas o cuentapropistas como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, manifestaron su rechazo al proyecto. Lo mismo los partidos nucleados en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que cuenta con tres diputados en el Congreso argentino.


¿Qué propone la reforma?


"El grueso del proyecto original del Gobierno quedó intacto", opinó el abogado laboralista Federico Dalponte. En diálogo con RT, explicó que de aquel borrador la mayoría de los puntos importantes se sostienen. "No se flexibilizará la jornada laboral ni se introducirá la figura de 'trabajador independiente', pero habrá condonación de deudas para empresarios, rebaja de multas por trabajo no registrado, posibilidad de renunciar a derechos adquiridos, fondo de cese laboral, limitación de la indemnización por despido y facilidades para la tercerización", explicó.

Desde su perspectiva no hay dudas de que "los trabajadores ganarán poco con esta reforma", entre lo que se destaca "apenas algunas licencias nuevas vinculadas a la paternidad y maternidad". Con la nueva versión el impacto "será un poco menor, pero seguirá siendo un retroceso", opinó Dalponte. Y sentenció que "lo único que negoció la CGT fue la extensión y la modalidad de los recortes".
A modo de ejemplo, explicó que la ley actual impone "una serie de multas al empleador a favor del trabajador no registrado", mientras que el proyecto oficial, en cambio, "reduce esos montos y coloca su cobro en cabeza del organismo de seguridad social". Esto no "solo desincentiva el reclamo del trabajador afectado", ya que no se beneficiará más del pago y "hasta podría ser despedido", sino que al mismo tiempo "le abarata a las empresas las consecuencias económicas de su mal obrar".

Por último, señaló que "uno de los puntos más peligrosos a futuro es el fondo de cese laboral". Esto fue "de especial interés para el Gobierno", aunque debe ser "ratificado por cada sindicato sectorial". La propuesta consiste en "transformar la lógica de la actual indemnización por despido", permitiéndole a las empresas "realizar aportes periódicos a un fondo de previsión". Esto, en la práctica, "facilitaría el despido arbitrario, pues el monto de la indemnización, ya previamente ahorrado, dejará de funcionar como desincentivo para el empleador".

RT

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