viernes, 8 de febrero de 2019

"Vulneraron sus derechos": Gobierno argentino expulsa a una mujer peruana separándola de sus hijos

"Vulneraron sus derechos": Gobierno argentino expulsa a una mujer peruana separándola de sus hijos
Sede de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina wikipedia.org / Gastón Cuello / CC BY-SA 4.0

Vanessa Gómez Cuevas, madre de tres hijos y residente en Argentina hace 15 años, fue deportada en un proceso cuestionable, dejando solos a dos de sus hijos.

El pasado lunes fue expulsada de Argentina, por decisión de las autoridades migratorias, la ciudadana peruana Vanessa Gómez Cuevas. Con 33 años, vivía hace 15 en el país, tiene tres hijos y trabajaba en el ámbito de la salud.

El proceso de deportación se dio debido a que, en 2013, la mujer fue condenadaen un juicio abreviado por haber vendido estupefacientes. Luego de cumplir la pena de cuatro años de prisión (que se redujo por buena conducta) en la cárcel de Ezeiza, se graduó de enfermera y, en 2015, solicitó renovar su residencia.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que depende del Ministerio de Interior, le negaron la solicitud y le advirtieron que debido a la sentencia judicial en su contra, el Estado daría inicio a su proceso de expulsión.

Separada de sus hijos


A pesar de que Vanessa había cumplido su condena, rearmado su vida y manifestado sus intenciones de seguir viviendo en Argentina, las autoridades avanzaron en su deportación. La jueza María Alejandra Biotti, a cargo del Juzgado en los Contencioso Administrativo Federal N°5, tomó la decisión.

Fue así como oficiales de policía se presentaron en su casa de Villa Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, y le pidieron que los acompañara para firmar una notificación, pero no le dieron más detalles. Ella pidió ir con su hijo menor, de dos años, dejando a los otros dos, de 5 y 14 años, en su hogar.

Según informa el Diario Popular, la mujer fue trasladada a la Superintendencia de Investigaciones Federales, donde pasó una noche detenida sin agua y sin luz. Al enterarse de la situación, su abogado Juan Villanueva presentó un 'habeas corpus' y varios recursos más que fueron desestimados. Finalmente, Vanessa fue deportada junto con el niño con el que había sido arrestada.


Mediante un comunicado dado a conocer por los medios locales, desde la DNM se dijo que la ciudadana "fue expulsada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Migraciones 25.871 sancionada en 2003". De igual forma se especificó que "la decisión administrativa fue tomada por el organismo en 2015, durante la anterior gestión, en razón de haber cometido un delito grave como es el comercio de estupefacientes".

"La expulsión debe cumplimentarse, al margen de que tenga hijos o no, como ya especificaba la normativa de entonces, destacándose que el delito de narcotráfico no puede ser dispensado por el Ministerio del Interior ni por esta Dirección Nacional", completa la disposición.

Críticas y violación de derechos


"Vulneraron todos los derechos de Vanessa, una mujer humilde, migrante, madre. Además de que también violentaron todos los derechos de sus hijos que son argentinos y dos de ellos quedaron huérfanos", explicó Villanueva al portal Minutouno. El abogado añadió que, además, "la llevaron a un país en el que no saben si tiene familia para quedarse".

"Lo más grave es que la sentencia fue apelada y no está firme, por ende, nunca la deberían haber expulsado", recalcó el jurista.

Por su parte, Diego Morales, director del Area de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo, en diálogo con Página/12, que con esa decisión, el Estado somete tanto a la mujer como a su familia a elegir entre dos opciones que violan sus derechos: La primera implica "separar a la madre de todos sus hijos, mientras que la otra significa expulsar a uno de los hijos, que es argentino".

"En el primer caso rompés una familia y en el segundo rompés la relación de un argentino no sólo con sus hermanos, sino también con su tierra, con la posibilidad de vivir en el país en el que nació. Este es un derecho reconocido en todos los tratados internacionales", añadió Morales.


La abogada de Derechos Humanos, Elizabeth Gómez Alcorta, también opinó en esa línea. A través de su cuenta de Facebook, afirmó que "la decisión del Gobierno es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, y a una opinión de la Comisión Interamericana en la que condenó a la Argentina en un caso similar".

Gómez Alcorta añadió: "no estamos frente a un caso de una Pablo Escobar local, sino de una mujer pobre, migrante que cometió un ilícito por el cual ya pagó una pena".

"Queremos seguir sintiéndonos orgullosas del país que en su momento dio acogida a cientos de miles que escapaban del hambre en Europa, que en las últimas décadas recibió a hermanos/as de nuestros países vecinos", concluyó la abogada.

RT
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