miércoles, 6 de noviembre de 2019

El Gobierno español podrá intervenir Internet para luchar contra "la república digital catalana"

El Gobierno español podrá intervenir Internet para luchar contra "la república digital catalana"
Imagen ilustrativa Frank Hoermann / www.globallookpress.com

La nueva normativa habilita al Gobierno para hacerse con el control profundo de las redes en casos de "amenazas a la seguridad nacional" o para la preservación del "orden público" sin orden judicial. 

El Gobierno de España ha publicado una norma de urgencia, en forma de Real Decreto Ley, que autoriza al Ejecutivo el control de Internet en caso de "amenazas a la seguridad nacional" o para preservar el "orden público". La medida no está exenta de polémica, puesto que supone intervenir las comunicaciones sin orden judicial y ha sido aprobada por un Gobierno en funciones, sin debate parlamentario y en plena campaña electoral para los comicios de este 10 de noviembre.

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ya lo había anunciado el pasado 31 de octubre, cuando dijo que aprobaría un decreto para acabar con el proyecto de la 'república digital catalana': "Le digo al independentismo catalán que ni va a haber independencia off-line, ni on-line y que el Estado va a ser igual de contundente en el mundo real que en el mundo digital", afirmó entonces.

Ahora, la nueva norma potencia las facultades de las que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Empresa, dándole un mayor control y posibilidades de actuación, como permitir la asunción directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, siempre para preservar el "orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional".


Esta facultad se extiende no solo a una red o servicio de comunicaciones electrónicas, sino también a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier otro elemento o nivel de la red o del servicio. Así, el Ministerio de Economía también ve aumentada su potestad sancionadora, que a partir de ahora podrá adoptar medidas cautelares "sin audiencia previa del presunto infractor", incluyendo el cese de la actividad o la prestación del servicio.

Las "medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones", como se denomina la norma, son justificadas por el Ejecutivo de Sánchez por la necesidad de que la "administración digital se emplee para fines legítimos que no comprometan los derechos y libertades de los ciudadanos".

Además, identifica como "los principales desafíos" que plantean las nuevas tecnologías a "las actividades de desinformación y las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía". De este modo, sin nombrar específicamente a Cataluña, cita "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español".


La nueva normativa somete los sistemas de identificación electrónica de cada región, como los que están poniendo en funcionamiento Cataluña y otras comunidades, a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado, siempre y cuando sean distintos del certificado y sello electrónico desarrollados a nivel nacional.

Además, la norma obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea, o en territorio español en el caso de categorías especiales de datos.

Asimismo, la nueva legislación contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar temporalmente.


En la exposición de motivos se reitera que la aprobación de este Real Decreto Ley tiene como finalidad incrementar la protección de la seguridad pública "frente a las crecientes amenazas que plantea el uso de las nuevas tecnologías y a la luz siempre de los últimos sucesos en territorio español", y se refiere especialmente a "fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana".

Pensado para limitar las acciones del independentismo catalán


La nueva legislación estaría ideada para limitar las prerrogativas de la Generalitat ante las iniciativas independentistas. En este sentido, este mismo lunes el Gobierno catalán inauguró la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Además, está preparando un sistema de certificación distribuido diseñado para actuar como un identificador único digital desde el móvil: el Identicat.

La normativa también podría utilizarse para dar un respaldo legal al embargo de páginas web como las del movimiento Tsunami Democràtic, responsable de movilizaciones sociales y de acciones como el colapso del aeropuerto de Barcelona el día que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del 'procés' catalán.


El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de Cataluña, Jordi Puigneró, se ha apresurado a afirmar que "el decreto es un atentado contra el modelo de administración digital de las Autonomías en la prestación de servicios". "Estamos ante la liquidación del Estado autonómico digital", ha dicho. Y además ha aseverado que "no se quedarán quietos", porque la nueva normativa "atenta contra los derechos de los ciudadanos", por lo que pretenden "parar su convalidación".

Esta última afirmación se refiere a la naturaleza de los Decretos Leyes en el ordenamiento español, que pese a ser aprobados por el Consejo de Ministros y entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) necesita de su convalidación por el Pleno del Congreso de los Diputados en los siguientes 30 días tras su edicto. Aunque hay muy pocas posibilidades de que no logre pasar el trámite parlamentario, toda vez que lo más probable es que cuente con el respaldo de la mayoría de la cámara.

Por su parte, el Gobierno catalán, por medio de su portavoz Meritxell Budó, ha anunciado que el Ejecutivo regional tiene la intención de llevar esta normativa al Consejo de Garantías Estatutarias primero y recurrir al Tribunal Constitucional después. "Entendemos que puede haber una invasión clara de competencias, y si esto es así nosotros, como 'Govern', lo que tenemos claro es que llevaremos a cabo estas dos acciones de manera inmediata", ha sostenido en rueda de prensa.

RT
A continuación Siguiente
No te pierdas Anterior

Comentarios