jueves, 18 de junio de 2020

La negociación de la deuda argentina se estanca: acreedores y gobierno endurecen sus posiciones a punto de vencer el plazo

La negociación de la deuda argentina se estanca: acreedores y gobierno endurecen sus posiciones a punto de vencer el plazo
El presidente argentino Alberto Fernández en una conferencia de prensa en Buenos Aires, 23 de mayo de 2020. Alejandro Pagni / AFP

Los fondos de inversión acusan al gobierno que querer sostener la moratoria, en tanto que el Ministerio de Economía asegura que los bonistas proponen ajustes inaceptables.

El gobierno de Alberto Fernández y los acreedores de la deuda argentina no lograron llegar a un acuerdo después de semanas de negociaciones, endureciendo sus posiciones en vísperas de que venza el último plazo para evitar que el país sudamericano se mantenga en 'default' (cesación de pagos).

Los fondos de inversión acusaron al gobierno que querer sostener la moratoria y profundizar la crisis económica del país sudamericano, en tanto que el Ministerio de Economía aseguró que los bonistas propusieron ajustes inaceptables.

El presidente dio a conocer el pasado 16 de abril su oferta de reestructuración de bonos de la deuda externa por un monto de 66.238 millones de dólares. La propuesta, que fue respaldada por la oposición, era comenzar a pagar la deuda en 2023 con una quita del 62 % de intereses, lo que representaría un alivio de 37.900 millones de dólares para el país sudamericano. La quita de capital, en tanto, sería de un nivel mínimo del 5,4 %.

Una parte de los acreedores integra el Grupo Ad Hoc, en el que participan los fondos de inversión BlackRock, Ashmore y Fidelity, y otra se aglutina en el Grupo de Bonistas del Canje, en la que están los fondos Monarch, HBK y Cyrus, entre otros.

La mayoría de ellos rechazó la primera oferta por considerarla insuficiente para sus intereses, además de que acusaron al gobierno de actuar de manera unilateral y sin "buena fe".


Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtieron en ese momento que el país no estaba en condiciones de pagar nada, ya que el 21 de abril Argentina tenía que cubrir vencimientos por 503 millones de dólares, aunque todavía existía un periodo de gracia, ya que se podía posponer para el 22 de mayo.

Como esa fecha se cumplió sin que se llegara a algún acuerdo, Argentina entró en 'default', pero las negociaciones continuaron con diversas extensiones del "periodo de invitación" del gobierno para que los acreedores aceptaran canjear los bonos de la deuda en condiciones diferentes a las que habían sido emitidos.

En principio, los acreedores no descartaban por completo las rebajas, pero querían cobrar entre el 50 % y 60 % del valor original de sus bonos, mientras que el gobierno ofrecía pagarles el 40 %. Aunque las posiciones fueron cambiando, ninguna conformó a la otra parte.

El último plazo para lograr un acuerdo vence mañana, pero la posibilidad de consensuar una propuesta viable y satisfactoria es cada vez más lejana, como lo evidenció la tensión que marcó las negociaciones de los últimos días y que se reflejó en los posicionamientos públicos de los bonistas y de las autoridades.

Los acreedores califican las negociaciones de "fracaso"


BlackRock, Ashmore y Fidelity aseguraron en un comunicado que el gobierno rechazó sus ofertas y que decidió mantener el 'default'. "A pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han optado por profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra solución sostenible y sensata (...) las autoridades han optado por permanecer en un estado de default, arriesgándose a daños adicionales inmediatos y a largo plazo a una economía que necesita desesperadamente inversiones adicionales y acceso a los mercados internacionales de capital", afirmaron.

Después de calificar las negociaciones como un "fracaso", advirtieron que ya están considerando "todos los derechos y recursos disponibles" en su "capacidad como fiduciarios para los millones de ahorradores" que sirven "en todo el mundo". Esto implica que podrían iniciar juicios contra Argentina en tribunales de Estados Unidos.

También explicaron que su última oferta representaba un alivio financiero para Argentina de 38.000 millones de dólares en nueve años, es decir, 2.000 millones menos de lo que representaba su propuesta anterior, y que cumplía con los parámetros establecidos fijados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina.

"Nuestra última y mejorada propuesta brinda un amplio espacio fiscal para que la Argentina implemente políticas responsables para abordar los desafíos económicos y sociales inmediatos que enfrenta, incluso en respuesta a la crisis de Covid-19, al tiempo que preserva el valor para los tenedores de bonos internacionales", aseguraron.

Ajustes con los que Argentina no puede comprometerse


El Ministerio de Economía, por su parte, explicó en un comunicado que los acreedores respondieron a la oferta argentina proponiendo ajustes con los que el país no puede comprometerse.

"Algunos son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI", señaló.

El Ministerio agregó que el proceso de negociación reveló que las demandas de los inversores a menudo divergen y no se pueden conciliar fácilmente, por lo que Argentina evaluará todas las opciones disponibles como parte de un proceso integral para restaurar la estabilidad macroeconómica.

En los últimos meses Fernández ha insistido en reiteradas ocasiones en que Argentina se encuentra en una moratoria virtual desde el año pasado, ya que el nivel de endeudamiento del gobierno de su antecesor, Mauricio Macri, fue tan alto que terminó haciendo impagables sus compromisos.

El gobierno macrista incluso puso de moda un eufemismo para no reconocer que estaba en 'default', ya que en agosto de 2019 anunció un 'reperfilamiento' de la deuda que postergaba el pago de 105 millones de dólares, por lo que, en los hechos, el país se mantuvo al borde de la cesación de pagos durante las campañas presidenciales, las elecciones y la transición de gobierno, y se consolidó durante la gestión de Fernández, que comenzó el pasado 10 de diciembre.

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